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A MANERA DE CHARLA… En el ejercicio jurídico-político-social de mi profesión de Abogado me encontré con LA REALIDAD de que, en esta vida acelerada GLOBALIZADA es casi imposible ser LIBRE y ser DECENTE… Para todos los CIUDADANOS comúnes y los que son o pretendan ser POLÍTICOS PARTIDISTAS que desean GOBERNAR… és el material de este BLOG. Sólo te entrego la INFORMACIÓN seria documentada o científica de los hechos que social, jurídica o políticamente me constan personalmente, o que profesionalmente he encontrado diseminada. SIN PREJUZGAR. TÚ...y solamente TÚ toma lo que te sirva y desecha lo que nó te acomode….pero al menos CONÓCELA. Seas del partido político, color de piel, nacionalidad, credo religioso, clase social, inclinación sexual o nivel educativo que séas.... ¡¡ADELANTE!!

martes, 1 de mayo de 2012

Un Mar...de corrupción.


Carlos Navarro Sugich... otra vez en el ojo del huracán
Fraudes inmobiliarios en San Carlos, un mar de corrupción, tráfico de influencias e impunidad
Poco a poco surgen nuevas evidencias de que desde el aparato gubernamental se esta prohijando a delincuentes de alta escuela dedicados a fraudear principalmente a norteamericanos que pretenden invertir en el mercado inmobiliario de San Carlos,  Nuevo Guaymas. Una vez más, el nombre del Procurador de Justicia en el Estado, Carlos Navarro Sugich, aparece en no pocos expedientes de juicios penales que se siguen por presuntos actos delictivos cometidos por particulares dedicados a la compraventa de propiedades inmobiliarias de alta plusvalía; en esta ocasión, en uno de los destinos turísticos más cotizados de México.
Por Oscar Castro y Fernando Gutiérrez / Dossier Politico

Dia de publicación: 2012-05-01

Segunda de tres partes…

La denuncia penal ventilada por este medio sobre una serie de presuntos actos fraudulentos en la venta de condominios y lotes colindantes a la playa de San Carlos, Nuevo Guaymas por parte de la empresa inmobiliaria “Sea Escape At Esmeralda Bay S.A. de C.V.” contra una pareja de norteamericanos, ha destapado la cloaca dejando ver serias evidencias de que el mercado de bienes raíces en este destino turístico esta plagado de actos de corrupción, donde algunos agentes inmobiliarios y autoridades estatales podrían estar en confabulación para despojar de millonarias cantidades de dólares a compradores extranjeros.

La denuncia pública derivó de los esposos de nacionalidad estadunidense, Marie y Gary Donn Barlow, quienes fueron despojados de 450 mil dólares mediante un engañoso contrato de compraventa de un condominio y un lote rustico a orillas de la playa por los socios de Sea Escape, los también norteamericanos Katy y David Walker, y la guaymense Maria del Carmen Ordaz.
Derivado de la investigación periodística que realiza Dossier Político sobre casos de presuntos fraudes de empresas inmobiliarias, se pudo saber que otra pareja de ciudadanos del vecino país que buscaban invertir en propiedades en San Carlos, de nombres William D. Hillen y Emilia Luna Hillen, también fueron defraudados por los Walker y la señora Ordaz, cuando en forma similar a los Barlow fueron despojados de la cantidad de  225 mil dólares, bajo la engañosa promesa de que adquirirían un condominio en la playa, el cual a la fecha no ha sucedido.

En ambos casos, ya documentados en querellas penales en numero acumulado de tres, cuya copia del expediente obra en poder de este medio,  son bienes inmuebles que pretendían adquirir a través de un fideicomiso bancario para extranjeros, en el cotizado fraccionamiento residencial Costa Bella, de San Carlos, Nuevo Guaymas, desarrollo a cargo de la empresa formada en sociedad mercantil por los Walker y Ordaz Aguiar.

No solo eso, de acuerdo a la versión plasmada en el texto de la querella por los esposos Barlow, estos hacen ver su preocupación y fundadas sospechas de que desde la Procuraduría de Justicia en el Estado se estaría protegiendo a los presuntos defraudadores, en aras de evitar que obligue por la vía judicial a la reparación del daño que les ha causado el despojo de los 450 mil dólares, producto, por cierto, de su retiro laboral en el vecino país, recursos que pretendían invertir en la adquisición de un condominio y un terreno rustico en la playa.

Es que, de acuerdo a la versión de los norteamericanos, la agencia primera del Ministerio Público del Fuero Común del sector II de Guaymas, cuyo titular es José Isidro Ulloa Martínez, donde se integra la averiguación previa por el presunto delito de fraude y lo que resulte, podría haber recibido “ordenes superiores”, particularmente de la Procuraduría de Justicia, para que no consumar legalmente la exigencia de reparación del daño causado a los demandantes; esto es, la devolución integra del recurso monetario objeto del fraude o la adjudicación de los bienes de la empresa para garantizar la recuperación de sus ahorros, hoy en manos de los demandados.

Proteger al delincuente, no a la víctima, vicio ancestral

En visita a las oficinas de Dossier, los norteamericanos defraudados narraron que a través del despacho de abogados contratado para su defensa, se enteraron de que el Agente del Ministerio Público que integra la averiguación, resolvió que se suspendiera el ordenamiento girado el mismo el 16 de abril del año en curso al Registro Público de la Propiedad de Guaymas, para que  se hiciera una anotación marginal en el acta registral del patrimonio de la empresa Sea Escape Et Esmeralda Bay y del Fraccionamiento Costa Bella, para que no fueran objeto de hipoteca, cambio de propietario, enajenación, embargo, o cualquier acto que implique traslado de dominio, hasta no concluir cabalmente la indagatoria.

Esto, ante la fundada sospecha -por parte de los quejosos  y su defensa- de que los propietarios de la empresa demandada pretenden deshacerse de la propiedad, con la clara intención de evadir su responsabilidad  en el acto reclamado y no reparar el daño causado a los norteamericanos demandantes.

Esta actuación del representante social derivó en un juicio de amparo indirecto promovido por la defensa de los esposos Barlow ante el juzgado primero de distrito con sede en Hermosillo, contra la Procuraduría de Justicia en el Estado, sus funcionarios y el agente investigador que conoce de la querella penal por fraude.

En este reclamo, los Barlow demandan la protección de la justicia de la Unión para que el agente investigador que integra la averiguación sobre el presunto fraude, revoque su decisión de ordenar al registro público deje sin efecto la anotación para que los bienes de la demandada no sean sujetos de traslado de dominio y que el estado de cosas permanezcan como él lo resolvió en un acto de autoridad en 16 de abril pasado.

Como antecedente, y en respuesta a la resolución del Agente del MP de Guaymas, la defensa de la empresa demandada por fraude tramitó un juicio de amparo ante el Juez Primero de Distrito contra este acto de autoridad, bajo el argumento de que la empresa moral “Sea Escape” se constituía como “tercera ajena perjudicada” y que no tenía porqué ser obligada a reparar el daño ni su registro catastral sujeto a anotaciones que prohibieran cambios en su estatus patrimonial.

En respuesta, el representante social emitió un informe justificado de su actuación ministerial, argumentando que el acto reclamado, en este caso, la reparación del daño causado a los Barlow, era responsabilidad de los esposos Walker y su socia, María del Carmen Ordaz, en calidad de propietarios en un noventa por ciento de las acciones, los primeros, y en el restante diez por ciento, la segunda.

No solo eso, sino que solicitaba al juzgador federal que se sobreseyera el juicio de amparo en contra de su acto de autoridad al Registro Público de la Propiedad, toda vez que “ Sea Escape Et Esmeralda Bay S.A. de C.V. esta presuntamente obligada a la reparación del daño consecuencia de la presunta comisión de los ilícitos…Y la reparación del daño, que en su caso, presuntamente deberá cubrir esta empresa, solidariamente con sus socios, los presuntos sujetos activos del delito”.

Por lo tanto, reconocía en su informe el Agente Investigador, que tanto los Walker como Ordaz y a nombre de “Sea Escape”, incurrieron en el lucro indebido obtenido por la presunta comisión del delito de fraude en numero de tres, por la cantidad acumulada de 675 mil dólares, mismos que por instrucciones de los presuntos responsables, fueron incorporados al patrimonio de la empresa inmobiliaria, por lo que no se deben considerar como terceros perjudicados.

No obstante que en el informe al juez primero de distrito, el Ministerio Público justificaba así el haber ordenado que se anotara en el acta registral pública de la empresa demandada que esta no podía enajenarse, venderse, trasladar su dominio o hipotecarse hasta concluir la indagatoria, este acto fue sorpresivamente revocado en forma unilateral por el representante social.

Este brusco viraje en la actuación legal del agente investigador hizo acrecentar las sospechas de los demandantes de que podría haber recibido ordenes del Procurador de Justicia, Carlos Navarro Sugich, para que los bienes de “Sea Escape”, fueran susceptibles de cambiar de propietario para evadir una eventual sentencia condenatoria a reparar cabalmente el daño patrimonial causado a los esposos Barlow, al tipificarse cabalmente y, en todo caso, el delito penal de fraude.

A escena, la presencia de un ‘despacho divino’

Lo que mantiene en estado de incertidumbre a los esposos Barlow, según manifiestan en testimoniales publicas y en platicas con este medio, es que el abogado patrono de la empresa demandada “Sea Escape” y defensor de sus socios ante la querella penal enderezada en su contra por la presunta comisión del delito de fraude, es decir, los norteamericanos Walker y la guaymense María del Carmen Ordaz, es el licenciado José Joaquín Cabrera Ochoa, actual presidente de la Comisión Sonora-Arizona, organismo del Gobierno del Estado tutelado desde la Secretaría de Economía para fomentar las relaciones comerciales y culturales entre Estados Unidos y esta entidad.

Cabrera Ochoa forma parte del cuerpo de abogados del despacho contratado por “Sea Escape” denominado “Tapia, Robles, Cabrera y Moreno, S.C.”, del que también fue miembro Carlos Navarro Sugich, hasta antes que fuera nombrado subprocurador de Control de Procesos de la fiscalía estatal, y posteriormente Procurador en funciones, y hace unos días, ratificado como titular por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, Guillermo Padrés Elías.

Crecen sospechas de tráfico de influencias

Una extraña historia llena de inconsistencias éticas y jurídicas ha sido narrada por los demandantes, al fortalecerse en ellos el supuesto que están siendo víctimas de un probable caso de tráfico de influencias desde el poder público, en aras de favorecer a sus demandados. Estos testimonios los han puesto en antecedente ante el juez primero de distrito que conoce del juicio de amparo que demandan  a la justicia federal para poner  a salvo sus derechos como victimas del delito, así como del cónsul de Estados Unidos en Hermosillo y Guaymas, John S. Tavenner.

Los Barlow narran que luego de tres citatorios girados por el Agente del MP a los Walker en calidad de acusados en la querella y no haberse presentado, se giró una orden de presentación dirigida al jefe de grupo de la Policía Estatal Investigadora para su cumplimentación. Se ordenaba que localizara y  presentara a los Walker ante el MP para que rindieran declaración ministerial.

Fue el pasado 28 de marzo del año en curso, cuando los Barlow enteraron al MP de que los Walker y presuntos defraudadores se encontraban físicamente por fuera de una oficina ubicada en “Plaza Las Palmas”, sobre el bulevar Manlio Fabio Beltrones, de San Carlos, hasta donde llegaron elementos de la PEI para dar cumplimiento a la orden de presentación girada por el representante social. Los demandantes también hicieron acto de presencia en el lugar.

Y así lo narran  en su demanda de amparo los esposos Barlow:

“Pero grande fue nuestra sorpresa, cuando apreciamos que los presuntos responsables, David Lynn Walker y Katy Sue Walker, se comportaron ante la policía de forma agresiva, ofensiva y despótica, haciéndoles saber que no los acompañarían. 

Simultáneamente Kathy Walker, vía llamada por teléfono celular, acaloradamente discutió (con su interlocutor) sobre el hecho de que la policía los presentaría al MP a declarar… Expresaron los indiciados (a los de la PEI) que ‘eso ya lo tenían arreglado a través de su abogado con altos funcionarios de la Procuraduría en Hermosillo’ y que si no querían tener problemas que los acompañaran al interior de la oficina, que resultó ser el recinto de la empresa “Sea Escape Et Esmeralda Bay, S.A. de C.V”.

“Los presuntos delincuentes y la policía ingresaron entonces a la oficina de la empresa demandada y posteriormente salieron solo los elementos policiacos, argumentando que se había ordenado por un alto funcionario de la procuración de justicia que dejaran sin efecto la orden de presentación que se encontraban ejecutando y que no se molestara más a los esposos Walker”.

Los Walker, duros de declarar

Antes, sobre el mismo curso de la averiguación previa contra los Walker y Ordaz, los quejosos a través de sus abogados defensores habían advertido que la indagatoria mostraba trazos de favorecer a los demandados, sobre todo, al no reclamar cabalmente su presencia física en la Agencia Investigadora para conocer su declaración por parte de su titular. 

Tal fue el caso el 28 de marzo del 2011, cuando los querellantes supieron de la llegada al aeropuerto de Guaymas de los Walker, procedentes de Estados Unidos, probablemente su primera visita desde que se radicó la querella penal.  El arribo de sus demandados se lo hicieron saber al representante social para que ejercitara la orden de presentación de rigor, una vez agotados los tres citatorios y que reiteradamente omitieron cumplir los denunciados.

En esta primera ocasión no fue posible cumplimentar la orden de presentación de rigor en estas indagatorias de carácter penal, porque el Agente del Ministerio Publico se declaró imposibilitado para ello, argumentando que, justamente ese día, desde las oficinas centrales de la Procuraduría de Justicia en Hermosillo, le habían solicitado todo el expediente principal “para analizarlo”. Los legajos iban camino a la capital y era imposible solicitar la presencia de los presuntos defraudadores para declararlos, según se justificó el MP. 

Así los Walker evadían una vez más su presencia ante el representante social, solo que ahora, por facilidades ofrecidas por la Procuraduría mediante argucias poco convincentes, según lamentan los Barlow.

Después vendría la determinación del MP de revocar el ordenamiento por el emitido al Registro Público de la Propiedad para que el patrimonio de la empresa Sea Escape no fuera sujeto a traslado de dominio, es decir, enajenado, vendido, hipotecado o embargado, a fin de garantizar la reparación del daño a los Barlow en el curso de la indagatoria penal por el presunto delito de fraude en su contra cometido por esta sociedad mercantil y sus socios.

A esto se le unió el conocer, por parte de los defraudados, de la relación amistosa y laboral entre el despacho de abogados que lleva la defensa, concretamente del licenciado Joaquín Cabrera Ochoa y  el procurador Carlos Navarro Sugich, y la doble investidura de aquel, como funcionario de gobierno en calidad de presidente de la Comisión Sonora Arizona y como abogado patrono de la empresa y los socios de esta acusados de fraude.

“Hacemos votos porque todo lo anterior (la relación del abogado defensor de los Walker con el Procurador de Justicia y el aparato gubernamental) no sea la causa que obnubiló e impidió apreciar la errada e inexplicable ilegalidad y anticonstitucionalidad del acto reclamado que se combate en este amparo y sea ajeno al hecho que los Walker se referían cuando fueron abordados por la policía para ser presentados ante el Ministerio Público, cuando externaron que ‘eso ya los tenían arreglado a través de su abogado, con altos funcionarios de la Procuraduría en Hermosillo”, manifiestan los esposos Barlow.

Mañana: Amos y señores en mar y tierra de San Carlos.

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